Con motivo del taller informativo organizado por la Fundación Sabino Arana, Ricard Ramón i Sumoy ha presentado este lunes las líneas generales de la propuesta de la Comisión Europea dirigida a reformular el conjunto de la PAC para hacerla "más viable a largo plazo y mucho más justa y eficaz".

En este sentido, el jefe de servicios de montes de la Diputación de Vizcaya, Carlos Uriagereka, ha destacado que "la política de desarrollo rural de la Comisión encaja en las políticas rurales que se han desarrollado en Euskadi".

La reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea para el período 2014-2020 fue presentada el pasado mes de octubre y será en los próximos meses cuando se de inicio a las negociaciones en Bruselas para alcanzar un acuerdo antes de 2014.

Según ha subrayado Ricard Ramón i Sumoy, la propuesta tiene por objeto "consolidar la competitividad, la sostenibilidad y el anclaje de la agricultura" en todo el territorio europeo.

"Desde la Comisión planteamos un presupuesto agrícola congelado en términos nominales apostando por el sector desde el punto de vista financiero y ahora corresponderá a los jefes de Estado y Gobierno definir los detalles. El sector agrícola tiene una dimensión estratégica muy importante que hace necesario mantener estas ayudas", ha indicado Ricard Ramón i Sumoy en declaraciones a Europa Press.

Tras destacar que la Comisión propone un sistema de reformulación de los pagos directos dirigido a "hacerlos más transparentes, justos y eficaces" ha destacado que la referencia histórica "no es viable a largo plazo", por lo que hay que encontrar una nueva fórmula que permita "distribuir la ayudas de un modo más justo".

"En este sentido proponemos un nuevo modelo basado en una tasa plana en donde habrá mucha subsidiariedad y los Estados miembros podrán definir regiones donde se aplique esta tasa de modo homogéneo; creemos que da la suficiente flexibilidad para adecuarse a las distintas realidades productivas", ha añadido.

Asimismo, Ricard Ramón i Sumoy ha incidido en el hecho de que estas ayudas tendrán un "componente verde y serán mucho más sostenibles".

Además, desde la Comisión se aboga por reforzar el papel de las organizaciones de productores para estimular la concentración de la oferta. "Sólo si los agricultores se unen y son capaces de cooperar entre ellos podrán conseguir unos precios justos. Las organizaciones de productores también tendrán un mayor apoyo financiero", ha expresado.

CRÍTICAS

Respecto a las primeras críticas a la propuesta de reforma surgidas desde algunos Estados, Ricard Ramón i Sumoy ha destacado que las diferencias que puede haber entre la Comisión y los Estados miembros "no son tan grandes como puede parecer y todos estamos de acuerdo en la estrategia a largo plazo de mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector".

Asimismo, ha destacado que "no es cierto" que la nueva PAC vaya a perjudicar a pequeños y medianos productores, sino todo lo contrario ya que, a su juicio, la nueva PAC está hecha "para favorecer a los pequeños frente a los grandes".

"Por primera vez se establecen unos requisitos de definición de quién es agricultor activo y quién no, y se establecen unos topes máximos a recibir por beneficiario organizados de un modo regresivo. El nuevo diseño está hecho para que la ayuda vaya donde tiene que ir", ha señalado.

Con sus críticas vertidas en relación al fracaso de estas plantas «dudosamente sostenibles» y su apuesta por una gestión hídrica «solidaria», el ministro abre las puertas a futuros trasvases e inyecta esperanza a los regantes valencianos.

Sus declaraciones no sólo pueden aplicarse a la transferencia desde el Ebro, sino también al mantenimiento del Tajo-Segura, fundamental para los regadíos levantinos y rechazado en sus condiciones actuales por el Ejecutivo manchego.

Ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro consideró que «unidad de cuenca y trasvases no son incompatibles» y que no hay por qué tirar las aguas «excedentarias» siempre y cuando se respeten los caudales ecológicos. Además, apeló a la Constitución, que recoge los principios de «solidaridad y cohesión territorial». Arias Cañete reprochó la «preocupante herencia» recibida del anterior Gobierno en materia de agua, cuya gestión calificó como «catastrófica». Tras suprimir el Plan Hidrológico Nacional en 2004, la ministra Cristina Narbona inició el programa de desalación de agua de mar, «que apenas facilita 111 hectómetros cúbicos de agua, el 16% de los 778 previstos».

En la Comunitat, las desalinizadoras impulsadas como sustitución al trasvase del Ebro sólo han aportado el 6% del caudal prometido. El bautizado como Programa Agua incluía 43 actuaciones en tierras valencianas, designadas como urgentes, para aportar 400 hectómetros cúbicos anuales. El resultado real es que sólo ha generado 26 al año.

Prueba del fracaso del plan en la Comunitat es que sus dos proyectos más emblemáticos, y los más costosos, están inutilizados. Se trata del trasvase Júcar-Vinalopó y de la desalinizadora de Torrevieja, la más grande de Europa. Ambas infraestructuras, que aún no han entrado en funcionamiento, costaron 550 millones de euros.

El trasvase, ideado para suplir el déficit de abastecimiento y las necesidades de los regadíos de la cuenca del Vinalopó, ya está construido. Los empresarios y agricultores de la provincia de Alicante quieren que se retome el diseño inicial de la transferencia (en Cortes de Pallás), con el argumento de que la infraestructura actual dispara el coste final del metro cúbico de agua y reduce su calidad. Sin embargo, los regantes del Júcar apuestan por mantener el arranque de la conducción en el azud de la Marquesa, situado en las inmediaciones de la desembocadura. Estos sostienen que es el único punto donde existen sobrantes, pues en Cortes el caudal está regulado al 100%.

En el caso de la desalinizadora de Torrevieja, la obra no está en funcionamiento por las tensiones surgidas entre el Gobierno central y la Generalitat, que han derivado en retrasos en la concesión de las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.

El Programa Agua tenía prevista la creación de otras ocho desalinizadoras en la Comunitat Valenciana, aunque a día de hoy sólo dos están operativas, y una de ellas (Alicante I) ya estaba programada con anterioridad y entró en funcionamiento durante el Gobierno de Aznar. Respecto a la de Sagunto, en la actualidad se encuentra ejecutada y en fase de pruebas.

Arias Cañete también criticó el precio que tendrá el metro cúbico de agua desalada para los agricultores. «Este coste es muy superior al que puede soportar el sector, y, por lo tanto, para hacer viable el uso de las desalinizadoras hay que recurrir a una cadena de asociaciones encubiertas, ya que los agricultores no demandan este agua al no poder pagarla», aseguró.

Las 50 comunidades de base representadas en la asamblea ya han advertido a sus socios «para que cada uno vaya haciendo sus cuentas», porque pueden empezar con 2.000 o 2.500 metros cúbicos por hectárea, señaló José Víctor Nogués, presidente de la de Alberuela, Sodeto y Lalueza. Esta cantidad no alcanza ni para cubrir la mitad de las necesidades de los cultivos más rentables, por lo que este y otros presidentes temen que entre un 30 y un 40 por ciento de las tierras se dejen sin cultivar.

Nogués, ayer, aún estaba sembrando cebada en una superficie que habitualmente destina a plantar maíz, «por lo que pueda venir». «Prefiero asegurar una cosecha mediana de cereal porque a lo mejor no hay agua para poner maíz. No me puedo jugar el 80% de la explotación».

Como él, la mayoría de regantes han plantado trigo y cebada para garantizarse al menos una primera cosecha, pero ni siquiera esta es segura, pues a pesar del riego extraordinario autorizado a principios de enero, en algunas zonas hay problemas de nascencia. «Hacía muchos años que no se sembraba tanto cereal en los Monegros», señaló Nogués, que además es presidente de la Cooperativa de los Monegros, en perjuicio del maíz, la alfalfa o el arroz, con más necesidades de agua.

«La gente ya está pensando en planificar sus cosechas para no jugársela en los cultivos de verano», declaró el secretario regional de UAGA y presidente de la comunidad A-19-20 (Huerto), con casi 350 regantes. Esto tendrá una repercusión directa en la renta agraria, ya que el trigo o la cebada no resultan tan rentables. A estos efectos se sumarán los indirectos, con una reducción en la compra de semillas o abonos si se dejan tierras sin cultivar.

Las economías agrarias se resentirán aún más en aquellas comunidades que están modernizando sus regadíos por los gastos de amortización de créditos, con un coste de 7.000 euros por hectárea para los bolsillos de los agricultores. «Hemos hecho unas grandes inversiones para ahora tener menos agua. Si no cosechamos, no podremos pagar», advirtió Josué Elbaile, presidente de la comunidad de regantes de Lalueza y miembro de la junta de gobierno de la comunidad general de Riegos del Alto Aragón. Además, añadió, algunos agricultores ya han gastado en enero la mitad del cupo asignado para regar el cereal de invierno.

«Puede ser un año desastroso», afirmó Elbaile, recordando que aún en las campañas iniciadas con restricciones había más agua que en esta. «Será mucho peor que en 2005 porque además los costes son cinco o seis veces superiores. Entonces se habló de cien millones de euros de pérdidas en el campo pero ahora serán muchos más», añadió.

La asamblea de Riegos del Alto Aragón no solo informará sobre la situación de la campaña que arranca en marzo. También tratará de la aprobación de los presupuestos y del calendario de elecciones, pues este año debe renovarse la mitad de la junta.

Lobón añadió que ya se ha creado un grupo de trabajo para alcanzar una postura nacional respecto de la reforma de la PAC con el conjunto de las comunidades autónomas, en la que se quieren incorporar los planteamientos diferenciados de cada territorio. Asimismo, detalló que el borrador se centra en tres cuestiones fundamentales de la propuesta de reforma en relación con una definición más clara de lo que se entiende por región, para que sea lo más agronómica posible; el complemento "verde", que es excesivo y más en las condiciones que se imponen a los agricultores para acceder a él; y en la intervención en los mercados.

Por otro lado, Lobón se mostró "dispuesto" a convocar la Mesa de la Sequía cuando acabe la ronda de contactos con las organizaciones agrarias, el día 1 de febrero. "No está absolutamente decidido pero prácticamente con toda probabilidad se convocará", señalaron fuentes del departamento.

Lobón -que acudió ayer a una conferencia sectorial en el Ministerio de Agricultura para abordar el futuro de la PAC- aún tiene pendiente una reunión bilateral con Arias Cañete, que se deberá celebrar en cuestión de pocas semanas. De momento, el ministro ha recibido ya a los dirigentes de Murcia, Valencia y Baleares.

Si por la parte aragonesa ayer hubo claridad, desde las Comunidades levantinas intentaron suavizar las posiciones de la pasada semana. El interlocutor que más apostó por el consenso fue el propio presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien afirmó que en ningún caso quiere «polemizar» con las otras comunidades autónomas sobre el tema del agua. De todas formas, este dirigente popular dejó claro ayer que su región sigue reivindicando el acceso a más agua, porque es su «herramienta para seguir trabajando y manteniendo algo que genera riqueza».

En la actitud pública de evitar conflictos con los representantes aragoneses, Valcárcel aludió de forma expresa al bloqueo que ha promovido el Gobierno central con las obras aragonesas e instó a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acabe con ese freno. «Aragón es España y los aragoneses son españoles y requieren de una regulación de su propia cuenca a partir del esfuerzo, compromiso y solidaridad a través del presupuesto de todos los españoles» Valcárcel incluso llegó más lejos en su aparente apoyo a las reivindicaciones aragonesas, siempre sin renunciar al trasvase. En este sentido, aludió implícitamente al Ebro y afirmó que las necesidades de la «cuenca cedente» tienen «prioridad» en la ley, citando el trasvase que hay en vigor del Tajo al Segura.

Según el planteamiento de Valcárcel, Murcia estaría aceptando que antes de cualquier trasvase deben ejecutarse todas las obras del Pacto del Agua. A la vez, también deja claro que no renuncia al trasvase del Ebro si estas actuaciones se impulsan. Hay que recordar que esta postura es muy similar a la que se planteó en el año 2000. Entonces, el PP apostó por hacer primero las obras del Pacto del Agua. Sin embargo, el PHN incluyó también un trasvase del Ebro, que fue la única parte de esa ley que avanzó en su tramitación.

Así, los márgenes más desorbitados coincidieron con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).